Seguridad Jurídica, una utopía inalcanzable

El Preámbulo de nuestra Constitución Nacional, proclama el reconocimiento de “…la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia, reafirmando los principios de la democracia republicana, representativa, participativa y pluralista…”, para más adelante constituirse en “…Estado social de derecho…”, que “…adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista…” (Art. 1).-

Estos postulados, se van completando y desarrollando a lo largo del texto constitucional, con el propósito de diseñar un sistema de convivencia social, en el cual, gobernantes y gobernados se sometan por igual a los mandatos de las leyes.-

Esta es la verdadera esencia del Estado de Derecho, y la seguridad jurídica solo puede alcanzarse cuando la Institución encargada de interpretar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, trata a todos los ciudadanos por igual, y resuelve los conflictos judiciales con absoluta prescindencia de cualquier tipo de prejuicio. Sin que la condición social, económica, política, religiosa o de cualquier otra naturaleza, pueda hacer inclinar la balanza a favor o en perjuicio de alguno de los litigantes.-

El Estado de Derecho, solo puede concebirse en aquel sistema en el cual la correcta interpretación y aplicación de la Ley, sea el único factor que incline la balanza.-

Cuando esto sea aceptado y aplicado en nuestro país, podremos pensar en la construcción de un sistema legal que brinde seguridad jurídica a la sociedad, para lo cual resulta indispensable contar con una Administración de Justicia que, bajo los presupuestos de independencia e imparcialidad, haga efectiva la “…constante y perpetua voluntad de dar a cada uno sus derechos…” (Ulpiano).-

Pero, independientemente de los propósitos enunciados en nuestra Constitución, cada vez estamos más lejos de lograr el objetivo, porque a nadie escapa que nuestro Poder Judicial soporta una grave crisis moral, y es objeto de las más severas críticas. Ello cual tiene una explicación: la Administración de Justicia no cumple con los preceptos republicanos, representativos, participativos y pluralistas que proclama la Constitución.-

El nombramiento y destitución de Magistrados, Miembros de la Corte y Agentes Fiscales, se realizan mediante organismos integrados por sectores políticos, en los que está excluida la participación de la sociedad, y lógicamente, el precio de las designaciones, o la moneda de cambio para la permanencia de los designados, es la lealtad al patrón político. No necesariamente a las leyes, al derecho, a la justicia o a la sociedad.-

Hoy, existen varios proyectos de leyes con los que se pretende revertir el grave deterioro de la Administración de Justicia, introduciendo modificaciones, que no son más que un mero maquillaje, pues el problema principal seguirá intacto, si no pensamos en un cambio radical del sistema, incorporando los juicios por jurado, para permitir que la sociedad participe de las decisiones judiciales, para que la sociedad decida quien es culpable y quien no, para que la sociedad arrebate definitivamente a los Jueces la posibilidad de vender Sentencias, a los políticos la posibilidad de influir en las decisiones, y al Estado Paraguayo, consolidar el sistema republicano, representativo, pluralista y participativo, que proclama la Constitución.-

Nuestras autoridades deben comprender alguna vez, que mejorar la justicia no es castigar sospechosos, endurecer penas, acelerar condenas, superpoblar penitenciarias.-

Deben comprender que, mientras tengamos una justicia que considera que su función no es administrar justicia conforme la ley, sino otorgarla como regalo o privilegio, según su humor, o la retribución que reciba a cambio, el estado de derecho será inalcanzable.-

Deben entender, finalmente, que con una justicia que es apenas un régimen de distribución de privilegios para amigos, parientes, correligionarios, compañeros de juergas, hermanos de cofradías, laicas o religiosas, una tienda de supermercado o un salón de remates, la anhelada seguridad jurídica, seguirá siendo apenas una utopía inalcanzable.-

Jorge Ruben Vasconsellos